COMUNICADO DE 3 DE DICIEMBRE DE 2025: DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
Comunidad internacional y discapacidad.
El día 3 de diciembre se conmemora el Día Internacional de las personas con discapacidad. Fue declarado en 1992 por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la resolución 47/3 y su objetivo es concienciar y promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad en todos los ámbitos: social, económico, cultural, político…
Para 2025, el lema de este Día es «Fomentar sociedades inclusivas para impulsar el progreso social» y es una parte del compromiso renovado de los dirigentes mundiales reunidos en la Segunda Cumbre Mundial para el Desarrollo Social 2025 de construir un mundo más justo, inclusivo, equitativo y sostenible, y de su comprensión de que el avance del desarrollo social depende de la inclusión de todos los segmentos de la sociedad.
En el mundo, más de mil millones de personas —aproximadamente el 15% de la población global— viven con algún tipo de discapacidad, ya sea física, sensorial, intelectual o psicosocial. Y, por tanto, las personas con discapacidad representan una parte esencial y diversa de la humanidad, que enriquece a las sociedades, pero también evidencia importantes desafíos en materia de inclusión, accesibilidad y derechos.
La discapacidad no es un rasgo individual sino el resultado de la interacción entre una condición personal y las barreras del entorno. Por eso, no se trata de desarrollar apoyo individual a las personas con discapacidad, sino de transformar las sociedades para que sean verdaderamente inclusivas.
El 11 de junio de 2019, el secretario general, António Guterres, lanzó la Estrategia de las Naciones Unidas para la Inclusión de la Discapacidad, acorde con su compromiso de hacer que las Naciones Unidas sean una organización inclusiva para todos. Con esta estrategia, las organizaciones del sistema de la ONU reafirman que la realización plena y completa de los derechos humanos de todas las personas con discapacidad es un componente inalienable, indisociable e indivisible de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. En 2025, el secretario general ha presentado su sexto informe sobre las medidas adoptadas por el sistema de las Naciones Unidas, en que se reseñan los avances conseguidos para impulsar la inclusión de la discapacidad, se destacan los retos y oportunidades nuevos o permanentes que se presentan a través de la aplicación de la Estrategia.
Con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada en 2006, se ha avanzado aún más en los derechos y el bienestar de estas personas, destacando asimismo el Marco de Sendái para la Reducción del Riesgo de Desastres, la Carta sobre la Inclusión de las Personas con Discapacidad en la Acción Humanitaria, la Nueva Agenda Urbana, y la Agenda de Acción de Addis Abeba sobre la Financiación para el Desarrollo.
Inclusión como derecho humano fundamental.
La comunidad internacional nos hace avanzar señalando alto y claro que la inclusión no es un acto de caridad, sino un derecho humano fundamental. El enfoque de “nada sobre nosotros sin nosotros” destaca la importancia de que las propias personas con discapacidad lideren y participen en las decisiones que afectan sus vidas. Su voz es indispensable para construir sociedades más justas y respetuosas.
La inclusión es diversidad y respeto. Significa comprender que todas las personas, independientemente de sus capacidades, tienen talentos, sueños y contribuciones únicas que ofrecer. Un mundo verdaderamente inclusivo, no solo beneficia a las personas con discapacidad, enriquece a toda la humanidad.
La discapacidad como riesgo de vulnerabilidad.
En todo el mundo, las personas con discapacidad y sus familias se enfrentan a retos y obstáculos para alcanzar los objetivos de desarrollo social:
- Tienen más probabilidades de vivir en la pobreza.
- Continúan enfrentándose a la discriminación laboral, con salarios más bajos y mayoritariamente representadas en la economía informal.
- Los sistemas de protección social tienen una cobertura desigual y son inadecuados.
- Experimentan una continua denegación de su dignidad, autonomía y capacidad de acción.
Esta vulnerabilidad se agrava en mujeres y niñas con discapacidad, que afrontan una discriminación múltiple por razón de género y discapacidad. Naciones Unidas señala mayores niveles de pobreza, exclusión y barreras de acceso a educación, empleo, salud y justicia, así como un riesgo significativamente superior de sufrir violencia de género y dificultades para recibir protección adecuada.
Por tanto, hay que trabajar de manera coordinada, puesto que están interrelacionadas, en cuatro aspectos medulares: la erradicación de la pobreza, la promoción del empleo pleno y productivo, la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, y el trabajo decente y la inclusión social.
La discapacidad en España.
Según datos de 2024, más de un millón de personas con discapacidad en España viven solas: 1,06 millones (732.000 mujeres y 327.000 hombres). Esto supone el 24,5% de los 4,3 millones de personas con discapacidad que hay en el país. Las personas con discapacidad de 6 o más años son el 9,7% de la población, y más de 350.000 personas con discapacidad viven en residencias, hospitales de larga estancia, viviendas tuteladas o similares.
Según el estudio “Ojo al dato: Mujer, discapacidad y violencia” de Fundación ONCE, el 40,4 % de las mujeres con discapacidad han sufrido violencia de género, una incidencia notablemente superior a la existente entre las mujeres sin discapacidad.
En su vida cotidiana, las personas con discapacidad enfrentan retos formidables que requieren de una respuesta pública integral, desde la garantía de una atención temprana accesible y de calidad, hasta el acceso efectivo a la educación, el empleo y la participación social en igualdad de condiciones y dado que la prevalencia de discapacidad crece con la edad y que la población española está envejeciendo de la población en España, es probable que la proporción de personas con discapacidad siga aumentando, lo que exige políticas públicas sólidas para garantizar derechos, accesibilidad, servicios adecuados.
En el ámbito educativo, es importante recalcar que la educación inclusiva es un derecho fundamental de todas las niñas y niños. Las resoluciones internacionales que han condenado por incumplimientos en esta materia recuerdan la necesidad de reforzar las políticas públicas para garantizar entornos educativos accesibles, apoyos adecuados y la participación de todo el alumnado en condiciones de igualdad.
Personas con discapacidad y empleo público.
Para avanzar en la inclusión de las personas con discapacidad en el empleo público, en las oposiciones se reserva una cuota de un 2% para personas con discapacidad intelectual y un 8% para otras capacidades, sumando un 10% de reserva total, lo que significa una cuota pequeña si comparada con el total de plazas ofertadas. La Oferta de Empleo Público 2025 para la Administración General del Estado, que ofrece un total de 36.588 plazas en conjunto, ha reservado 2.610 plazas para personas con discapacidad, reafirmando el compromiso del Estado con la inclusión laboral de las personas con discapacidad dentro de la función pública.
Los informes nos dicen que, aunque las tasas de actividad y empleo han mejorado moderadamente en los últimos años, los reto siguen vigentes: la tasa de empleo del colectivo sigue siendo muy inferior a la de la población sin discapacidad y el empleo público ayuda mucho, pero no es suficiente por sí solo para revertir la desigualdad en el empleo en su conjunto.
Avances lentos, necesidad de políticas públicas fuertes en materia de inclusión.
Aun cuando se observan avances, que van desde la propia terminología, con la reforma del artículo 49 de la Constitución Española y la sustitución de ciertas expresiones por la de “persona con discapacidad”, o la creación en diciembre de 2023, en los distintos ministerios, de las Unidades de Inclusión del Personal con Discapacidad (UIPD), lo cierto es que son lentos.
TRANSFORMANDO LO PÚBLICO ratifica su compromiso con la transformación de la sociedad para que sea verdaderamente inclusiva, reivindicando políticas fuertes en materia de discapacidad. Y, en la conmemoración del Día Internacional de las personas con discapacidad, ha organizado la celebración el día 2 de diciembre, en sesión on line, de una jornada de diálogo, debate y reflexión sobre Inclusión y discapacidad en el Sector Público.
En esta jornada han participado: Jesús Celada Pérez, Embajador en Misión Especial ante Naciones Unidas para la Discapacidad; Begoña Aguilar Zambalamberri, Administradora Civil del Estado y presidenta de ADEMTO; María Campos Fernández, directora del Departamento de Administración Financiera y Contabilidad en la UCM; Raquel Segovia Sañudo, abogada con más de cuarenta años de Turno de Oficio y experiencia judicial en procedimientos de discapacidad; e Ignacio Tremiño Gómez, vicepresidente de la Fundación de lesión medular y exdiputado en el Congreso; y, como conclusiones principales, extraemos las siguientes:
- Lo que es bueno para las personas con discapacidad es bueno para la sociedad.
- La transformación de las Administraciones Públicas se producirá cuando trabajar en ellas sea igual para una persona con discapacidad o sin ella.
- Tanto el concepto jurídico como el sociológico de la discapacidad son transversales y atraviesan todos los aspectos sociales y funcionales de la vida.
- Es necesaria una mayor conexión de las personas con discapacidad con la Administración y con la sociedad civil.
- Es clave que la discapacidad esté en la Agenda Pública de todos los actores políticos.
- Es necesario trabajar por una Universidad abierta con educación inclusiva para forjar un futuro sostenible.
- Se necesitan impulsar políticas públicas para el avance de los derechos de las personas con discapacidad con potenciación de investigación en I+D+i
- Todo esto no se puede realizar sin la dotación presupuestaria necesaria.
Los expertos nos han hecho ver el camino que todavía nos queda por recorrer, recorrámoslo para conseguir una sociedad más justa y respetuosa, más social y garante de los derechos fundamentales, porque es justo, es necesario, es solidario y es urgente.