Hoy, #25N, es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Con esta fecha, Naciones Unidas clama por la erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas en el mundo y pone en marcha la campaña anual de ORANGE DAYS, Días Naranjas para impulsar el activismo contra la violencia de género durante 16 días.
TRANSFORMANDO LO PÚBLICO se suma a la importante y necesaria labor de sensibilización, concienciación y de lucha frente a todas las manifestaciones de la violencia contra las mujeres: la violencia contra las mujeres por ser mujeres constituye una flagrante violación de los derechos humanos y la peor forma de discriminación de la que puede ser víctima una mujer por el hecho de serlo. Con 1.285 mujeres desde 2003 y 61 hijos e hijas menores de edad desde 2013, víctimas mortales por violencia de género, es uno de los mayores problemas sociales y de salud pública a los que nos enfrentamos, que socaba los cimientos de cualquier país y la convivencia democrática de las sociedades.
Pese a los enormes esfuerzos de los organismos internacionales y de los avances en los compromisos internacionales y nacionales de gobiernos, instituciones y sociedad civil para erradicar esta grave vulneración de los derechos humanos, el avance es lento. Según el último boletín estadístico de la Delegación del Gobierno Contra la Violencia de Género, en España, los casos activos en el sistema integral de protección a víctimas de violencia de género, a 30 de septiembre de 2024, es de 99.644, y, desde enero de 2007, son 2.510.472 las denuncias interpuestas por violencia de género contra la pareja o expareja. Es necesario visibilizar estas cifras para conocer la verdadera dimensión del problema. Además, son imprescindibles políticas públicas decididas que aborden de manera integral la erradicación de la violencia contra las mujeres, desde la sensibilización, concienciación y prevención, la protección, pero también la atención, recuperación y reparación del daño.
Por ello, las Administraciones Públicas tienen un papel clave. Es en ellas donde residen las estructuras estables que, en definitiva, garantizan el impulso y cumplimiento de leyes, como la Ley integral frente a la violencia de género de 2004, para proteger a las mujeres y a sus hijas, hijos y personas que dependen de ellas, que este año celebra su vigésimo aniversario, la Ley de protección integral de la infancia y la adolescencia frente a la violencia de 2021, o la Ley de garantía integral para la libertad sexual de 2022. Y, desde luego, el Pacto de Estado contra la violencia de género.
La implantación de una cultura de rechazo a la violencia contra las mujeres ha de ir de la mano de las administraciones, y hacerse a través de medidas y acciones, y de la capacitación de las personas empleadas públicas, para que tengan el mayor impacto.
Así, es fundamental la potenciación de la erradicación de este grave problema social estructural en los instrumentos normativos de nuestro país son un compromiso de avance en la lucha contra esta estructural forma de violencia. El Eje 5 del III Plan de Igualdad de la Administración General del Estado y sus organismos públicos; la regulación de los protocolos públicos de actuación frente a los acosos sexuales y por razón de sexo del Real Decreto 247/2024, de 8 de marzo; o las leyes antes mencionadas, son buena muestra de ello.
Además, la Administración Pública española es pionera en la elaboración de estadística que visibilice la violencia contra las mujeres en todas sus formas, destacando los feminicidios, incluidos los acaecidos fuera del ámbito de la pareja o expareja. Ello convierte a España en el primer país de Europa desde 2022 que da a conocer estas cifras, que permitirán poner en marcha nuevos mecanismos de protección y respuesta, como el teléfono 016, el servicio ATENPRO de protección a víctimas de cualquier forma de violencia contra las mujeres o el sistema de dispositivos COMETA por orden judicial.
Este compromiso estatal también se desarrolla en nuestra acción exterior, con una Política Exterior Feminista, destacando la ayuda que los consulados y las embajadas de nuestro país ofrecen a mujeres españolas víctimas de violencia de género que, en muchos casos, se encuentran en situaciones de especial vulnerabilidad por las barreras lingüísticas y culturales o por la falta de acceso a instituciones sociales de ayuda. Mediante el Protocolo de Actuación para la Atención de las Mujeres Españolas Víctimas de Violencia de Género en el Exterior se puede organizar su repatriación, junto a sus hijos e hijas. Especial atención hay que prestar a la situación de las mujeres y niñas afganas, víctimas de un apartheid de género institucionalizado, sistemático y generalizado en su país. El actual compromiso público de todas nuestras Administraciones debe reforzarse y constituye una oportunidad para profundizar en la colaboración entre las instituciones públicas y las entidades de la sociedad civil.
Desde 1999, fecha en que la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el día 25 de noviembre como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, año tras año, es fundamental alzar la voz para denunciar el gran problema que supone la violencia contra las mujeres y niñas del mundo como violencia de género y cómo afecta esto a los derechos humanos, a la paz y al progreso de la humanidad.
TRANSFORMANDO LO PÚBLICO manifiesta su firme compromiso con esta denuncia y, como asociación integrada por funcionarias y funcionarios públicos, colabora en el ejercicio de las funciones públicas en seguir trabajando para la erradicación de cualquier forma de violencia contra las mujeres.